En Entrevista publicada el día de hoy 25 de mayo del 2011, en el Diario Extra, el Presidente del Instituto de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Luis Gerardo Dobles Ramírez, informa que el período de veda de este año empieza el 01 de junio y hasta el 31 de julio, y nuevamente en el mes de octubre.
El período de veda de dos meses, en el cual los pescadores y las pescadoras artesanales del Golfo de Nicoya no pueden trabajar ni desarrollar ninguna otra actividad económica, para recibir dicho subsidio deben cumplir con un servicio comunal. Supuestamente es en está época porque el camarón está en periodo de reproducción, así como la corvina y el pargo.
Debemos recordar que el año pasado se suspendió en dos oportunidades la veda, y en varias ocasiones hemos expresado en que el estudio en que se basa INCOPESCA para determinar que dichas especies están en periodo de reproducción no es exacto y que se ha decretado de manera antojadiza.
En nota del 05 de julio del 2010, numerada S.G. 09-11-0786-10, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, claramente le solicitamos al Licenciado Dobles:
No estamos de acuerdo con esta posición, en primer lugar porque como lo indica la constitución política, norma suprema de nuestro país,… “El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”, y la situación de la veda es una temporada establecida por el Estado, y que según el decreto de mención, en su primer Artículo, indica que corresponde al Incopesca, establecer conforme a criterios técnicos, científicos, económicos y sociales, las zonas o épocas de veda, por lo que solicitamos de manera respetuosa, se nos de una respuesta, en que criterios se basa su prestigiosa institución, ya que las inconstantes que tuvimos con este periodo nos lleno de dudas.
Aproximadamente 2500 familias de pescadores y pescadoras recibirán el insuficiente subsidio, sin embargo muchas otras quedarán sin este monto ya que por lo complicado de los trámites a muchos de ellos les he negado, sin tomar en cuenta que la condición de traslado de los vecinos de las Islas, Venado, Caballo y Chira son sumamente complicadas y costosas.
En la nota de cita, habíamos propuesto al Incopesca, que se reconozca un salario mínimo de un trabajador calificado, ya que el subsidio actual es un 40 por ciento del salario legal vigente de un trabajador no calificado, es nuestro criterio que los pescadores y pescadoras son profesionales del mar, las distintas artes de pesca que ejecutan, así como los riesgos de dicha actividad nos llevan a calificarlos de esta manera.
Es de conocimiento general que 100 000 colones no alcanzan para comprar ni siquiera los implementos básicos que necesita una familia, tomando en cuenta que en estas zonas hablamos de familias numerosas con al menos cinco miembros, entre los que están varios niños, niñas y adolescentes estudiantes, y bebés con cuidados especiales como lo son las mantillas y la leche.
Además que el Gobierno para solventar esta situación, ni siquiera se han puesto ha pensar en políticas de empleo que ayude a las diferentes familias, quienes viven principalmente de la pesca, a pesar de ser un derecho constitucional contemplado en el Artículo 56, que establece que: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía…”
Se ha llegado al punto casi de llamar a estos trabajadores y trabajadoras de mar prácticamente “indigentes”, estamos completamente de acuerdo con que debemos cuidar los recursos marinos, pero es un deber del estado asegurarles a estas personas una vida digna.
¿Cómo pretendemos eliminar de nuestro país el trabajo infantil, si no les damos las condiciones necesarias a los padres y madres de familia? Es necesario brindar “trabajo decente”, con acceso a la seguridad social, a la educación, la diversión, salarios respetando el mínimo, es decir para que los niños, niñas y adolescentes salgan de las calles, la explotación, y otras lacras sociales. Los padres y madres deben tener una condición socio económica estable que se los permita y lo “decretado” de ¢100 mil colones por mes para familias con dos, tres o más hijos es absolutamente insuficiente e indigno.
Le preguntamos a la Señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, cuyo gobierno ha manifestado un interés en eliminar el trabajo infantil, si ya puso a su equipo de trabajo a realizar un verdadero Plan de Acción de Políticas de Empleo que nos ayude a mejorar la condición socio económica en la zona de Puntarenas y las Islas del Golfo de Nicoya, para poder así eliminar este problema que nos afecta a todos y todas.
San José, 25 de mayo del 2011
Licda. Jessica Martínez Calderón
Encargada del Proyecto: “Comunicación y Sensibilización Frente a las Peores Formas de Trabajo Infantil en Costa Rica”, por ANEP
Tel: 2257-8233
Para mayor información sobre la Campaña contra el Trabajo Infantil visite:
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